miércoles 15 de octubre de 2008

El transporte sigue en “cero”

Las aseguradoras se preguntan si vale la pena seguir vendiendo el SOAT, pues ya no resulta un negocio rentable. El Gobierno propone soluciones que los transportistas califican como “mágicas”. Y a todo esto, ¿quién vela por los usuarios?


Miles de muertos


En el Perú, un promedio de 3 000 personas al año mueren en las carreteras y calles de la ciudad. De enero a junio de 2008, un promedio de 80 accidentes por mes han dejado un saldo de 400 muertos solo en las carreteras y al menos 80 mil heridos. “Solo en estos seis meses, las aseguradoras han desembolsado más de US$ 20 millones en indemnizaciones por accidentes de tránsito” sostenía Raúl de Andrea, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).


Al parecer, entonces, el plan “Tolerancia Cero”, iniciado en noviembre de 2006 que tan alabado fue en su primer semestre por la hoy ratificada ministra de Transporte y Comunicaciones, Verónica Zavala Lombardi, no estaría funcionando del todo bien, sabiendo además que hay regiones que no le han prestado el interés necesario.


“Hablamos de cifras constantes, entre los 3 000 y 4 000 muertos al año desde los noventa, lo cual nos permite pronosticar que va a haber 14 mil muertos en los siguientes cuatro años, y lo aceptamos, y es algo que no podemos aceptar” opina Juan Tapia, presidente del Centro de Investigaciones y de Asesoría del Transporte Terrestre (Cidatt). ¿Qué hacer frente a esta realidad que enluta año tras año al país?


Una posible solución


En agosto de este año, el Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, presentó una propuesta para aumentar la pena a los choferes que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el efecto de una droga.


Propuso también la “responsabilidad solidaria”, es decir, las empresas pasarían a ser responsables penales, planteando una sanción carcelaria de entre los cuatro y diez años para sus representantes legales. Para esto tendría que modificarse la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y añadir un capítulo en el Código Penal sobre los delitos contra la seguridad de tránsito. Estas declaraciones provocaron la inmediata reacción de los gremios.


Recurso “mágico”


El pasado 1 de setiembre, la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT), la Asociación de Propietarios de Omnibuses (sic) Interprovinciales del Perú (Apoip), la Asociación Nacional de Transporte de Carga (Anatec) y la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Perú (Asetup) publicaron en conjunto una carta abierta en respuesta a las propuestas del Presidente del Congreso.


Entre otros puntos, los gremios sostienen que la mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito están en las ciudades y no en las carreteras, que las razones de estos son básicamente la mala señalización y la deficiente infraestructura vial y que mandar a la cárcel a los dueños y representantes legales de las empresas es un recurso “mágico”, digno de una novela de ficción.


José Navarrete Tapia, vicepresidente de Apoip, dijo que “lo que sucede en el sector es por falta de fiscalización, pues mientras el 90% de empresas de transporte interprovincial opera en la informalidad, el control se centra en el 10% que cumple las normas”. Los gremios en conjunto amenazaban con un paro nacional indefinido mientras se siguiera con esas propuestas.


El Gobierno responde


El 3 de setiembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto que crea la Superintendencia de Transportes, que asumiría la fiscalización y el plan “Tolerancia Cero”, y otro que dispone la realización obligatoria de estudios de seguridad en la elaboración de todo proyecto de infraestructura vial. Esta iniciativa fue saludada por los gremios, pero advirtieron que también es necesario un ente fiscalizador de tarifas y una modernización en las normas vigentes que combata la informalidad.


El 14 de setiembre, y a pesar de las amenazas de los transportistas, se publicó la Ley N° 29259 que modifica la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en los artículos 24° y 26°, sobre las sanciones y medidas preventivas. En estas modificaciones se incluye como sanciones la inhabilitación para brindar el servicio de transporte y la cancelación definitiva de la concesión, autorización o permiso.


¿Y los verdaderos afectados?


Frente a todo este problema, la opinión de los usuarios está dividida. Por un lado están los que apoyan las medidas adoptadas por el Gobierno y que ya no quieren “seguir siendo tratados como animales de carga” ni tener miedo de no llegar a sus destinos y por otro los que prefieren seguir “como ahora” a que el transporte sea escaso, aunque más seguro, pues “no conviene a la economía de un peruano promedio”.


La ministra Zavala aún tiene una ardua tarea que debe solucionar a la brevedad. Mientras tanto, los usuarios de las empresas de transporte siguen poniendo en riesgo sus vidas subiendo a vehículos en mal estado conducidos por choferes que incumplen las reglas de tránsito en pistas y carreteras deficientes.






















1 comentarios:

Warmi Killay dijo...

Muy buen trabajo eh, como pocos de los q escuché ese día.

Sin embargo...

Tiene más de una hoja y mediaaaa!
más de 45 líneas!!

lechero infeliz!!

yo, a diferencia, reventé la diagramación.
Falla, Falla, Falla!!